CANCÚN, Q. ROO, 20 de octubre del 2026.-Lo que comenzó como una investigación por presunta trata de personas terminó llevando a la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo hasta uno de sus integrantes.
Se trata de Ulises Fernando “N”, de 30 años, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público y fue detenido por agentes de la Policía de Investigación, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por su probable participación en los delitos de trata de personas, en las modalidades de prostitución ajena y explotación sexual.
El caso fue revelado por el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, durante la conferencia semanal de seguridad, donde explicó que las investigaciones permitieron establecer que el ahora detenido presuntamente habría utilizado su posición dentro de la institución para obtener beneficios económicos mediante la explotación de dos mujeres, de 18 y 25 años.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la investigación avanzó después de que el pasado 2 de octubre agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, realizaron cateos en dos inmuebles de Cancún.
Uno de los domicilios se encontraba en la Supermanzana 23, en el denominado departamento Toronto, mientras que el segundo se ubicaba en la Supermanzana 520.
Durante las diligencias fueron localizadas y rescatadas las dos mujeres, consideradas por la autoridad como posibles víctimas de trata. También fueron asegurados objetos relacionados con los hechos investigados y ambos inmuebles quedaron bajo aseguramiento de la Fiscalía.
Las investigaciones señalan que Ulises Fernando presuntamente utilizaba plataformas digitales y al menos 11 grupos de WhatsApp para promocionar fotografías y ofrecer los servicios sexuales de las dos mujeres.
Según los datos expuestos por la Fiscalía, los encuentros se realizaban en los inmuebles que fueron cateados.
La acusación sostiene que el exfuncionario presuntamente obligaba a las mujeres a prostituirse, les imponía multas y se quedaba con aproximadamente 50 por ciento de las ganancias obtenidas.
Además, habría utilizado su posición como integrante de la Fiscalía para ofrecerles una supuesta protección y habría indicado a las víctimas que realizaran depósitos de dinero en tiendas de autoservicio, aparentemente con la intención de dificultar el rastreo de los pagos.
El caso adquiere especial relevancia porque el señalado no era un particular ajeno a las instituciones de seguridad, sino un servidor público encargado de participar en la procuración de justicia.
El fiscal Raciel López Salazar calificó al detenido como un mal elemento y señaló que la institución mantiene un proceso de depuración interna.
Durante la misma exposición, informó que 657 personas han sido dadas de baja y otras mil 512 han sido cambiadas de adscripción como parte de las acciones de saneamiento de la Fiscalía.
Tras reunir los datos de prueba, la Policía de Investigación cumplimentó la orden de aprehensión contra Ulises Fernando “N”, quien quedó a disposición de un juez de control.
Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica y, en su caso, establezca las responsabilidades correspondientes.
Por ahora, los señalamientos en su contra forman parte de una investigación penal y deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.
El caso, sin embargo, coloca nuevamente bajo la lupa a las propias instituciones encargadas de combatir la trata de personas en Quintana Roo, luego de que uno de sus integrantes fuera señalado por presuntamente aprovechar su cargo para operar un esquema de explotación sexual.
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