Ciudad de México, 2 de junio de 2026.– El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respondió a las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le pidió respetar la soberanía nacional y abstenerse de emitir comentarios sobre asuntos internos del país.
La mandataria federal señaló que “los asuntos de México les corresponden a los mexicanos”, luego de considerar que algunas expresiones del diplomático estadounidense sobre corrupción y seguridad pública podían interpretarse como una injerencia en temas que competen exclusivamente al Estado mexicano.
Ante ello, Johnson defendió la necesidad de mantener una estrecha colaboración bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado, destacando que ambos países enfrentan desafíos comunes derivados de la actividad de los grupos criminales.
“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, expresó el representante diplomático estadounidense, quien además consideró que convertir este tema en un asunto de confrontación política representa una oportunidad perdida para fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones criminales.
El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos, derivada de investigaciones y señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con actividades del narcotráfico, así como por las reiteradas exigencias del gobierno mexicano para que se respete el principio de no intervención.
A pesar de las diferencias expresadas públicamente, ambas naciones mantienen acuerdos de cooperación en materia de seguridad, migración y combate al tráfico de drogas, temas considerados prioritarios dentro de la agenda bilateral.
Las declaraciones de Johnson han generado reacciones en distintos sectores políticos, donde algunos respaldan la postura de la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional, mientras que otros consideran indispensable fortalecer la coordinación entre ambos gobiernos para enfrentar la violencia generada por los cárteles.
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